INFILTRA NARCO ESTRUCTURA DE SEGURIDAD EN COAHUILA

EL NORTE MÉXICO.- La detención de cuatro integrantes de la organización criminal de los Zetas puso al descubierto que operaciones suyas son ejecutadas, y no sólo solapadas, por elementos del Ejército Mexicano, la Procuraduría General de la República (PGR), la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Policía Federal (PF), así como por las policías estatales y municipales, tanto de Coahuila como de Nuevo León.
A cinco años de iniciada la guerra de Felipe Calderón contra el narco, que ya acumuló más de 50 mil muertos y una cantidad similar de desaparecidos, los cuerpos de seguridad federales no escaparon a la corrupción que el Presidente atribuye insistentemente a policías e instituciones locales.
 De acuerdo con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/041/2012, integrada apenas el pasado 8 de febrero, soldados de la Sexta Zona Militar ejecutaban a ciudadanos que denunciaban a criminales, y desaparecían sus cuerpos, además de ocultarle a la PGR cargamentos de droga. La indagatoria añade que lo mismo hacían agentes de la PF, quienes asimismo identificaban y enfrentaban a los adversarios de los Zetas, colocaban puestos de vigilancia donde éstos les indicaban y custodiaban cargamentos. Además, establecían las nóminas de las Fuerzas Federales de Apoyo (FFA) que envía el Gobierno de manera temporal a combatir al narco. Otros efectivos de la PGR y la AFI, con sobornos a todos niveles, se encargaban de consignar con cargos débiles a los miembros de los Zetas, liberar a los que estaban detenidos e informar a los jefes sobre todo tipo de denuncias, incluidas las anónimas. En el caso de las corporaciones de Nuevo León, los Zetas presenciaban el pago de la narconómina a los policías estatales o municipales y tenían un enlace con el Gobierno estatal para mantener a salvo su estructura. En Coahuila, el teniente coronel Manuel de Jesús Cícero Salazar, quien se desempeñó como titular de la Policía Estatal Operativa y protegió a los Zetas, era recomendado del Secretario de Defensa, Guillermo Galván Galván. La corrupción en la Fiscalía General del Estado (FGE, que concentra la anterior Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública coahuilenses) era conocida desde hace años por Calderón, cuyo Gobierno no actuó hasta la segunda quincena de febrero. La mañana del 15 de ese mes, en las instalaciones de la FGE los federales detuvieron al comandante ministerial Sergio Tobías Salas, "Tobogán", y al policía estatal Julio César Ruiz Esquivel, "Chicho", quienes también se encargaron de ejecutar y desaparecer personas. Horas después cayó la Subdelegada de la PGR en Saltillo, Claudia González López, quien fue llevada a la Ciudad de México. Los tres, como Cícero, están acusados de colaborar con los Zetas y el jueves 23 se les dictó formal prisión. Las declaraciones incriminatorias de los soldados y oficiales detenidos en marzo de 2011 revelaron cómo el poder corruptor de los Zetas escaló por toda la estructura de la Sexta Zona Militar, con sede en Saltillo, hasta llegar al General Juan Manuel Vallejo Malibrán, quien se desempeñaba como jefe del Estado Mayor en la zona y luego fue enviado a Guanajuato. Así, el miércoles 8 de febrero la PGR inició la averiguación previa 041/2012, acumulando testimoniales y probanzas de las averiguaciones 197/2011 y 101/2011, esta última integrada tras la detención, el 12 marzo del 2011, de Pedro Toga Lara, "El Guacho", y Gerardo Hernández Sánchez, "El Gerry", identificados como mandos de los Zetas. Los dos son ahora testigos protegidos de la PGR. A Toga Lara se le asignó la clave confidencial "Escorpión" y a Hernández Sánchez la de "Sagitario". En la averiguación mencionada se identifica a otro testigo protegido como "Sérpico", y de las declaraciones de los tres se desprendió lo que en la PGR se juzgó "información veraz y confiable, por haber sido de utilidad para la captura de otros integrantes de los Zetas".